Aquí se esboza un análisis de los efectos de la retirada de Manuel Bustos de la vida pública institucional y sobre si esta decisión significa el final de una era en la política municipal.
El escándalo de los sobresueldos en la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), que afecta a todos los partidos del arco parlamentario (excepto CUP y Ciutadans) y a gran número de municipios catalanes, precipitó la renuncia de Manuel Bustos a sus cargos en el Ajuntament de Sabadell y la Diputació de Barcelona, así como su retirada de la vida pública.
La dimisión de Bustos estuvo precedida por las declaraciones, unas horas antes, de Miquel Iceta, futuro primer secretario del
PSC, quien en la conferencia-coloquio organizada por
Fòrum Europa-Tribuna Catalunya manifestó que todos los cargos públicos imputados deberían poner sus cargos a disposición del partido. Se dio la circunstancia que una de las aludidas, la diputada Montserrat Capdevila, estaba presente entre los asistentes a la conferencia. Ya se verá si Iceta, cuando tras las primarias de las que es el único candidato, asuma la dirección del partido hará efectiva esta determinación, pues está claro que ni Capdevila ni Daniel Fernández están dispuestos a renunciar por voluntad propia a su acta de diputado.
En cualquier caso, Iceta reconoció haber hablado con Bustos el día que presentó la renuncia, lo cual permite deducir que le trasladó las presiones del resto de partidos implicados para que presentase la dimisión. En efecto, la magnitud del escándalo exigía que alguien asumiese responsabilidades a fin de tratar de contener el enorme perjuicio causado al municipalismo catalán a pocos meses de las elecciones locales.
Vanas justificaciones
El ex alcalde de Sabadell hizo pública su dimisión a través de un patético comunicado publicado en su página de
Facebook. Sin formular la menor autocrítica, negó las imputaciones y proclamó su inocencia. Además cuestionó la legalidad de la intervención de sus comunicaciones telefónicas, cuyo contenido dice que está “fuera de contexto”, atribuyó toda la operación Mercurio a una “persecución” y a una estrategia para hundirle a él y a su partido. Es decir, la típica argumentación que emplean todos los imputados en casos de corrupción que intentan exculparse aduciendo turbias conspiraciones políticas y desacreditando a la administración de justicia (más info: ‘
Manuel Bustos anuncia que deixa els seus càrrecs‘).
En un alarde de impostura explicó las maniobras para ocultar el fraudulento sistema de pagos para no se conociesen los emolumentos de los alcaldes y alcaldesas y evitar las críticas demagógicas a los políticos. Un razonamiento que justifica una opacidad inasumible en un sistema democrático, pues de esta tesis se desprende que los sueldos de los cargos públicos deberían ser secretos para esquivar las críticas. Una argumentación extraña viendo de quien fue considerado el alcalde más transparente de España.
A diferencia de su actitud cuando estalló el caso Mercurio y emprendió una impúdica gira por los medios de comunicación para proclamar su inocencia, ahora concluyó su comunicado declinando cualquier tipo de declaración y remitiéndose a la nota de prensa.
Daños colaterales
La dimisión de Bustos deja en una precaria situación a los otros dos ediles imputados, Paco Bustos y Joan Manau, a quienes si les quedase un mínimo de dignidad habrían de renunciar al acta de regidor. Tampoco queda en muy buen lugar el alcaldable socialista, Josep Ayuso, que venció las primarias socialistas proclamándose discípulo y continuador del legado y del estilo de Bustos.
Otro de los daños colaterales del escándalo de los sobresueldos en la FMC apunta a la plataforma
Sabadell Lliure de Corrupció donde participan
ICV,
EUiA,
Entesa,
ERC y CUP. Iniciativa ha amenazado con abandonarla si finalmente, como se ha decidido por mayoría, la plataforma, que ejerce como acusación popular en el caso Mercurio, reclama la imputación de los 44 alcaldes que presuntamente cobraron sobresueldos. ICV pretende exculpar a sus cinco alcaldes salpicados por estas presuntas irregularidades (más info: ‘
Perill de fractura a la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció’).
Ahora bien, al menos un alcalde de esta formación, Lluís Tejedor de El Prat de Llobregat y vicepresidente de la FMC, figura en el atestado policial como uno de los que junto a Bustos idearon en 2004 el sistema de las falsas dietas para encubrir los sueldos fijos que percibían. Además, en un primer momento, Tejedor justificó la percepción de estos emolumentos y se resistió a devolver el dinero.
Ello por no mencionar que
Bustos fue reelegido por unanimidad presidente de la FMC, es decir con el voto de ICV-EUiA, cuando, a través de sus representantes en Sabadell, no podían ignorar el estilo y las formas de Manuel Bustos. En cualquier caso, esta toma de posición no sólo compromete la unidad de acción en la plataforma, sino que puede significar el punto final de la remota posibilidad de una candidatura unitaria de las fuerzas a la izquierda del PSC.
En fin, ICV cometería un grave error si no aplica en su propia casa lo que predica para los demás. Constituiría una gran paradoja que la formación que destapó el caso Mercurio, al trasladar a los Mossos d’Esquadra las revelaciones del empresario arrepentido Nicolás Giner, fuese ahora una víctima colateral de las denuncias que puso en marcha.
Por su parte, ERC se ubica en una posición intermedia. Defendió la inocencia de sus cargos públicos implicados en el caso y manifestó su desacuerdo con la imputación colectiva. Sin embargo, asumió la decisión de la mayoría de la asamblea de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupción de presentar una demanda de imputación contra todos los alcaldes y alcaldesas.
Tanto ERC como ICV argumentan que los alcaldes y alcaldesas de pequeños municipios podrían haber sido realmente engañados sobre la legalidad de sus emolumentos en la FMC. En particular cuando su secretario general, Adolfo Moreno, ocultó deliberadamente los informes que cuestionaban la legalidad de estas retribuciones. Según esta línea argumental, hubiera sido más prudente esperar a que los 44 ediles declarasen ante la jueza que instruye el caso antes de realizar la petición de imputación colectiva donde podrían pagar justos por pecadores.
Sin embargo, desde el estallido del caso Mercurio, en noviembre de 2012, cuando se revelaron los indicios de irregularidades en los sueldos de los miembros del Comité Ejecutivo del ente municipalista, tuvieron tiempo más que suficiente para exigir la apertura de una investigación sobre el tema, cosa que no hicieron y ni tan siquiera exigieron la dimisión de Adolfo Moreno imputado en la causa, lo cual proporciona sólidos argumentos a los partidarios de la imputación colectiva. Al fin y al cabo, la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley.
¿El fin de la era Bustos?
Ha transcurrido poco más de año y medio desde el estallido del caso Mercurio que marcó el principio del fin de la era Bustos. Desde entonces, el exalcalde de Sabadell se ha resistido con uñas y dientes a abandonar la vida pública.
Primero renunció a la alcaldía tras una larga y tensa reunión con el entonces primer secretario del PSC, Pere Navarro, pero conservando el acta de concejal en el ajuntament de Sabadell y sus cargos en la Diputació de Barcelona, mientras mantiene el control de la sección local del partido, como se hizo evidente en las primarias que eligieron a su candidato, Josep Ayuso.
Además, algunas de las piezas claves del entramado clientelar bustista continúan en sus puestos, como el jefe de la Policía Municipal, Josep Miquel Duran, o el presidente del Gremi de Constructors y tío carnal del ex alcalde, Melquíades Garrido, ambos imputados. También otros notorios bustistas siguen ostentando cargos de gran influencia como Miquel Arroyos, presidente del PP o Enrique Blasco, en la presidencia de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA). Por no mencionar su control sobre algunos medios de comunicación de la ciudad.
Ahora, previsiblemente tras la presión de Iceta, ha dejado sus cargos públicos y ha anunciado su retirada de la política. Sin embargo, continúa conservando, a través de Ayuso, el control del partido en Sabadell y de más de la mitad del grupo municipal socialista.
Estas son las consecuencias de la falta de determinación de la dirección del PSC que, cuando estalló el caso Mercurio, debería de haber disuelto la sección local del PSC, constituir una gestora y abrir una nueva etapa en la vida del partido. Tampoco la actitud timorata del alcalde Juan Carlos Sánchez, incapaz de afrontar esta tarea en su partido y en la administración local, ha contribuido a orientarse en esta dirección.
Por tanto, no puede afirmarse que haya acabado la era Bustos. Esta finalizará si, en las próximas municipales, el PSC es desalojado de la alcaldía por una coalición de fuerzas políticas que le releve en el gobierno de la ciudad. Siempre y cuando que este nuevo ejecutivo municipal asuma la necesaria limpieza y regeneración de la administración local que entierre definitivamente las ominosas prácticas del bustismo.
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